Contribuciones a la discusión legislativa de centros de datos en Brasil
El Instituto Latinoamericano de Terraformación fue invitado a participar en una audiencia pública en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación e Informática del Senado Federal de Brasil para discutir el Proyecto de Ley n.º 3018, de 2024, por el que se regula la actividad de los centros de datos de inteligencia artificial.
En la ocasión, partimos repasando un panorama general de los diversos, crecientes y aún desconocidos impactos socioambientales de los centros de datos. Por tanto, mostramos que el principio precautorio -como una regla de protección ambiental y de salud pública- parece ser el indicado como política pública para enfrentar los crecientes y aún desconocidos impactos de estas infraestructuras.
Luego, hicimos un panorama de América Latina que nos permitió afirmar que:
- Los gobiernos del continente tienen una deuda sobre la sostenibilidad de la IA.
- La autoregulación no funciona para la sustentabilidad de los centros de datos.
- El desafío requiere marcos regulatarios específicos con una serie de condiciones.
Asimismo, revisando el caso chileno, transmitimos al Senado que debido a la falta de salvaguardas legales y claras que regulen los impactos socioambientales de estas infraestructuras, los proyectos de centros de datos en Chile muchas veces terminan judicializados, lo que implica un amplio costo de capital y de incertudumbre para las empresas y las comunidades impactadas.
Lo anterior puede ser útil en Brasil para aprender que la falta de marcos legales y políticas públicas adecuadas y participativas ha hecho que se retrasen los planes de desarrollo de centros de datos, y que, consecuentemente, no puede haber desarrollo de estas infraestructuras sin que las comunidades estén involucradas en todo el proceso de evaluación ambiental.
Entre nuestras sugerencias para Proyecto de Ley 3018/2024, están:
Planificación socioambiental estratégica y participativa como rol de Estado: Sobre todo para evitar lo que pasa en Estados Unidos, donde los Estados compiten agresivamente por atraer centros de datos de hiperescala y las decisiones se trasladan desde espacios públicos hacia acuerdos privados y decretos ejecutivos. Este modelo privatiza beneficios y control, mientras socializa riesgos económicos y daños ambientales. También debilita la rendición de cuentas democrática y la resiliencia frente a los límites ecológicos (Kollar, J.. 2026).
Obligación de someterse a procedimientos de licenciamiento ambiental participativo y especifico en los territorios.
Exigencias de métricas y mecanismos de rendición de los impactos socioambientales.
Asegurar mecanismos de justicia energética.
No perder de vista temas de fondo para la política pública, como son el poco valor social que tiene la IA en poblaciones como la estadounidense, el bajo impacto laboral de los centros de datos, y los riesgos de una burbuja económica y fananciera de la IA, que dejan la pregunta abierta de cómo Brasil debiera legislar para responder a estos peligros y blindar a su economía y población.
Puedes leer nuestra intervención completa en este link.